Diputados contra la ley y el Tribunal

El presidente López Obrador y, por convicción o conveniencia, muchos otros, tienen una idea equivocada sobre el valor de la ley. La legalidad, especialmente para quien gobierna es un referente inequívoco. No puede anteponer nada por encima de la ley, tal como suele decirlo cuando invoca a modo a Benito Juárez. Sin embargo, el mandatario le echa en cara al senador Ricardo Monrealque primero va la justicia y luego la ley. Lo dicho es inaceptable, pero se escucha bien, sobre todo en una sociedad en la que el abuso del poderoso ha sido la constante.

Se entiende la empatía de muchos cuando se invoca la justicia. Así es porque la ley y la insuficiencia del sistema judicial dan fuerza al anhelo de justicia a contrapelo de la ley. La cuestión es que no hay coartadas para cualquier proyecto político o de gobierno que pretenda hacer justicia. El cambio se hace con la ley y a través de la ley.

El problema del gobernante populista, aquí y en cualquier parte, es que el constitucionalismo, es decir, la legalidad y la supremacía de la Constitución se les vuelve afrenta. No aceptan que en el sistema democrático son sujetos, están sometidos a la ley, ellos y sus acciones. La protesta solemne del cargo de todo funcionario electo es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ésta emanen. No hay letras pequeñas ni frase que aluda, diga o implique que la ley se aplica siempre y cuando sea justa.